El Informe 2019
El capítulo 1 se centra en la obligación de los Estados Partes de tener en cuenta la violencia por razón de género (GBV) en las evaluaciones de riesgos y retoma el tema del género y la violencia por razón de género elegido por el Presidente de la CEP 2019 como tema prioritario de la Conferencia de este año. El capítulo ofrece una visión general de la representación de género en el proceso del TCA en relación con una serie de medidas de amplio alcance adoptadas en el marco de los procesos de desarme de la ONU con el objetivo de dar prioridad a la igualdad de género. Posteriormente, se examinan las dificultades que se plantean en torno a la detección del problema de la GBV, entre otras cosas la variedad de definiciones que hay sobre el término, la cuestión de qué actos se consideran como actos de GBV y qué armas deben tenerse en cuenta en las evaluaciones de riesgos que integran la dimensión de la GBV, el significado de los términos «cometer» o «facilitar» con respecto a la GBV, así como las dificultades a la hora de determinar el alcance total de la GBV. También se pasa revista a las disposiciones específicas sobre GBV en el marco del TCA y se reflexiona sobre cómo podrían ponerlas en práctica los Estados Partes de forma adecuada. Finalmente, se ilustra la práctica vigente de los Estados Partes basada en entrevistas con distintos funcionarios encargados de la concesión de licencias procedentes de diversos Estados y se presentan dos supuestos ilustrativos del proceso de evaluación del riesgo de GBV.
El capítulo 2 examina en detalle los informes anuales sobre el TCA referentes a 2017. Incluye un análisis general de las prácticas de presentación de informes en el que se comparan los informes anuales del TCA referentes a 2016 y 2017. Ello permite detectar los cambios en las prácticas de presentación de informes y evaluar si en los informes referentes a 2017 se resolvieron las incongruencias y lagunas detectadas en el análisis del Monitor de TCA sobre los informes anuales para 2016. En los informes anuales referentes a 2017, los Estados Partes notificaron las exportaciones e importaciones autorizadas o reales de armas convencionales entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Los informes anuales se reputarán dentro de los plazos si se publican en el sitio web de la Secretaría del TCA a más tardar el 7 de junio de 2019 (una semana después del plazo establecido en artículo 13 del TCA).
El capítulo 2.3 proporciona, en primer lugar, un análisis general sobre la medida en que las exportaciones e importaciones notificadas son comparables en estos informes (por ejemplo, si un Estado Parte notificó una exportación de fusiles de asalto a otro, ¿notificó igualmente el segundo Estado Parte una importación correspondiente?) En segundo lugar, se ofrecen ejemplos de las prácticas de presentación de informes y las diferentes fuentes de información proporcionadas por los Estados Partes en las plantillas de informes que dificultan la comparación de los datos de unos informes con otros. En tercer lugar, se presentan recomendaciones extraídas del Proyecto de Evaluación de Base del TCA (ATT-BAP) de Stimson Center acerca de las medidas que pueden tomar los Estados Partes con miras a proporcionar información completa, precisa y comparable en los informes anuales, de modo que se pueda obtener una visión más amplia del comercio mundial de armas.
El capítulo 3.1 comprende una evaluación sucinta de los informes anuales relativos a las armas exportadas e importadas durante 2018, presentados antes del 31 de mayo de 2019. Se prevé que más Estados Partes presentarán su informe en el plazo jurídico establecido, comprendido entre el 31 de mayo y el comienzo de la CEP 2019. En este sentido, el análisis se ampliará aún más de cara al informe del Monitor del TCA del próximo año.
El capítulo 3.2 incluye una evaluación sucinta de los informes iniciales y las actualizaciones de los mismos presentados por los Estados Partes en junio de 2019. De esta evaluación se desprende un análisis del incumplimiento en la presentación de informes, en el que se destacan los problemas que enfrentan los Estados Partes a la hora de satisfacer sus obligaciones en materia de presentación de informes.
